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La muerte dos jóvenes este año, sinnúmero de intentos de evasión, armas blancas y droga en el Centro de Atención Especializada El Redentor, son parte de los hechos que muestra el caos y la problemática del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, reveló la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar.

Según el informe del Ministerio Público Distrital, si una persona que hoy tiene 25 o 30 años es sancionada por un delito que cometió entre los 14 y 18 años, la norma obliga a que la privación de la libertad por ese hecho se realice en un centro para adolescentes y no en un centro penitenciario para adultos. Incluso algunas personas que han estado en cárceles para mayores por otro delito, son trasladadas al Redentor, cuando se dan cuenta que tiene una sanción anterior como adolescente.

Esa situación permite que convivan personas adultas involucrados en gravísimos crímenes con adolescentes en algunos casos, acusados de infracciones menores, lo que genera una ruptura en el proceso formativo que los jóvenes deberían llevar. Esa situación va en contravía del propósito teórico de proteger, educar y restaurar.

Se encontró que los adolescentes tienen fácil acceso a armas cortopunzantes y a sustancias psicoactivas, debido a la falta de control del personal encargado de la vigilancia, lo que hace reiterativo los episodios de amotinamientos y evasiones, en los que muchas veces se presentan violaciones a los Derechos Humanos. Por ejemplo, una persona murió fue por inhalación del químico de un extintor, al parecer para drogarse y otra en una riña.

Para completar existe un grave vacío legal, ante la inexistencia de un código de procedimiento para los adolescentes infractores, los jueces tienen que acudir a las normas del Código de Procedimiento Penal consagrado para los mayores de edad.

Durante el 2018, la Personería ha enviado cerca de 20 comunicaciones a las autoridades competentes exponiendo la problemática que se vienen presentando en los centros de atención especializada para que se cumpla el fin educativo de la privación de la libertad establecido en las normas, pero no aún no hay una respuesta clara y contundente. Incluso desde 2017 se viene alertando a las autoridades nacionales y distritales sin que se tenga eco de ninguna de ellas. Este tipo de situaciones evidencia la inexistencia de una política pública integral para el manejo del proceso restaurativo de los infractores, sumado a la imposición de un modelo pedagógico arcaico frente a la realidad de los jóvenes hoy.

Salud y educación

Se observaron problemas de salud mental y un alto consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes infractores, sin que se les esté brindando una atención especializada que permita una rehabilitación eficaz. No hay un protocolo para la atención en salud que dé respuesta a las necesidades de esa población y todo queda a la buena voluntad de alguna EPS.

Por otra parte, el modelo educativo implementado presenta falencias, y los encargados de impartir pedagogía tienen la educación, pero carecen de experiencia y se ven obligados a ejercer funciones de vigilancia que precisamente no son función ni su fortaleza.

Procedimientos, logística y personal

Los operadores del servicio en los centros especializados desconocen los procedimientos en el manejo de cadena de custodia y responsabilidades tras la incautación de estupefacientes, armas cortopunzantes y elementos no permitidos.

Existe una falta logística y de personal de la Policía de Infancia y Adolescencia para impedir las evasiones y realizar los traslados que los privados de la libertad necesitan para las citas médicas y audiencias ante los jueces. En muchos casos, los infractores son trasladados a pie desde el centro preventorio hasta el centro de internamiento, vulnerando la reserva de sus identidades.

Así mismo, hay pocos funcionarios de la Policía Judicial para evacuar los procesos del sistema penal adolescente, por lo que se presentan represamientos en los despachos.

Tampoco hay suficiente personal de Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para cubrir las audiencias de control de garantías.

Responsables

El Ministerio Público Distrital exhorta al Ministerio de Justicia para que proponga una ley en la que los infractores que adquieren la mayoría de edad cumplan su sanción en centros penitenciarios para adultos, y no en lugares para adolescentes.

Así mismo, insta al ICBF a revisar el modelo pedagógico de atención, para que se ajuste a perfiles adecuados, a las realidades de los jóvenes y en la garantía de sus derechos.

También hace un llamado a implementar una estrategia de seguridad para mejorar la convivencia de los infractores y prevenir episodios fatales. Además, pide contratar personal de vigilancia y revaluar el perfil profesional del educador.

Se solicita agilidad en la implementación de los protocolos de atención especializada en salud física y mental. Por último, recomienda a las autoridades realizar una veeduría exhaustiva a las obligaciones contractuales de los operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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