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Los pueblos de Colombia y Ecuador están unidos hoy por el dolor ante el vil asesinato del grupo periodístico del diario El Comercio de Quito, pero también por la indignación por ese ajusticiamiento absurdo contra la prensa, y por la incapacidad de los gobiernos de los dos países para manejar la situación, mucho más de los vecinos, que tuvieron en sus manos la vida del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.

Por eso los ecuatorianos piden la cabeza de los ministros del Interior César Navas; de Defensa, Patricio Zambrano y de la canciller María Fernanda Espinosa.

Los gobiernos constitucionalmente están obligados a garantizar la vida a los representantes de la prensa, sin embargo en el caso de Colombia esto es una falacia, pues han matado a 152 periodistas desde 1977 hasta 2015, la mayor parte a manos de las guerrillas, el narcotráfico y grupos paramilitares, por su labor de informar.

En este país se lo ha pagado con lágrimas y pese al rechazo social la respuesta gubernamental ha sido la impunidad.

Hoy nuestros hermanos ecuatorianos comienzan a saborear esta hiel de la guerra, con cinco ataques a guarniciones militares en los últimos dos meses, la muerte de tres militares, lo que nunca antes habían vivido.

El problema ya no es en nuestro patio, alias Guacho, el cabecilla del frente Oliver Aldana Sinisterra de las disidencias de las Farc, es ecuatoriano, vive en la población de San Lorenzo y es el responsable de todas las arremetidas contra la Fuerza Pública, que no se han podido contener.

Es inverosímil, pero tuvo que ser a través de este hecho tan doloroso que el gobierno ecuatoriano abriera los ojos y despertara a esa realidad que se ha negado a ver y que a gritos se conocía en su zona de fronteras.

Por eso se les metió el narcotráfico como Pedro por su casa y allí ya están enquistados los carteles de Sinaloa y Jalisco, que se han armado de poderosos gatilleros para defender esa ruta que mantienen entre Ecuador y Centroamérica, por donde se sabe que es mucho más fácil mover la cocaína, ante la permisividad de las autoridades del vecino país.

Todo esto, por supuesto, también es responsabilidad del gobierno de Colombia, porque no se preparó, no le prestó la suficiente importancia al fenómeno de las disidencias, y principalmente el hecho de ocupar con la institucionalidad del Estado los espacios que dejaron las Farc y en donde hoy pululan grupos delincuenciales.

De tres grupos armados ilegales visibles que se tenían antes en el panorama, hoy son 12, principalmente los frentes Oliver Aldana Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, la Gente del Orden (disidentes de la guerrilla), el Clan del Golfo, La Empresa y Los Negritos.

Este conflicto que a Colombia se le salió de las manos y también hoy a Ecuador, tiene una sola razón: el abandono de los gobiernos a las zonas de frontera.

Ahora, para lavarse las manos y distraer la atención ante la muerte del grupo de prensa, comienza una arremetida, que le llamarán sin precedentes, pero después de unos días y meses vamos a observar que fue otro fracaso, porque la solución militar que la hemos vivido en carne propia durante más de cinco décadas al contrario de mitigar y matar a la fiera, la alimenta.

 Quien paga las verdaderas consecuencias es la población civil, con los consabidos desplazamientos, que ya los vamos a observar en las próximas fechas, y violaciones de los derechos humanos.

Es más grave lo que se viene en materia de alteración del orden público para el departamento de Nariño y nos imaginamos para Esmeraldas, en Ecuador. Por eso los gobiernos locales, regionales y sociedad civil de las zonas de frontera deben reaccionar. No se pueden quedar como espectadores frente a la reactivación de un conflicto armado sin salidas y tan arrasador como el vivido con las Farc, pese a que este grupo ya se desmovilizó.

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