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Una gran polémica ha generado la propuesta del proyecto de ley del representante Oscar Pérez, el cual busca prohibirle a la Comisión de la Verdad y a otras entidades como la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desparecidas acceder a “archivos de carácter reservado y de altísima sensibilidad o expedientes de carácter reservado”.

El problema radica en que de ser aprobado le prohibiría al organismo datos importantes que llevarían a aclarar lo ocurrido en el conflicto armado. Por eso, el proyecto de acto legislativo 087 fue rechazado por estas entidades que calificaron esta iniciativa como una violación a los derechos de las víctimas.

El padre Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, señaló que “encontramos que este acto viola los derechos de las víctimas a la verdad y el derecho de la sociedad en general a la verdad y se opone a decisiones tomadas por la Corte Constitucional y establecidas en el decreto 577 que crea la Comisión y nos da las facultades constitucionales que nos permite proteger la seguridad de la verdad, el derecho de la dignidad de las víctimas y de los ciudadanos”.

El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez Pineda especifica claramente: “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplen o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional, tales como operaciones militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional o de cualquiera de sus agentes”.

El sacerdote jesuita indicó que la Comisión de la Verdad está en la obligación de recibir los documentos y guardarlos bajo los preceptos de confidencialidad y con la normatividad para este tipo de información.

El padre señaló en El Colombiano que “estamos convencidos que si este proyecto se coloca en la Constitución se rompen los acuerdos, y la posibilidad de llegar a la verdad se vuelve imposible. La Comisión necesita conocer en profundidad la información que le permita, por ejemplo, conocer los elementos de motivación y el conjunto de decisiones que se tomaron para que una barbarie como la del Club El Nogal se produjera, u otra como el asesinato de los diputados del Valle o cómo pasó con el asesinato masivo de la gente de la Unión Patriótica”.

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