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Viernes, Agosto 17, 2018 - 14:51

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presentó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá una acción popular contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo– Fonade, y Gt Services sucursal Colombia de la empresa Geofizyka Torun de Polonia, para que se prohíban todo tipo de actividades relacionadas con la etapa de exploración o estudios de sísmica en el departamento; así como la prohibición de la etapa de fracking subsiguiente y las demás medidas que en torno a la finalidad de protección perseguida resulten necesarias.

"Presentamos la acción popular con el objetivo de que el Tribunal defienda el territorio y nos dé la razón de que no podemos permitir ninguna actividad sísmica que busque la exploración de hidrocarburos no convencionales que le abra la puerta al fracking. Esta iniciativa ha sido respaldada con la firma de los boyacenses y estamos esperando que la Defensoría del Pueblo coadyuve esta acción”, afirmó, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.

En el documento de 75 páginas, el mandatario regional da a conocer la problemática que se está presentando por el contrato y el riesgo que entraña para el departamento  en dos campos de derechos colectivos protegidos: La afectación del ambiente con la exploración no convencional que se desarrolla y el futuro fracking y la afectación arqueológica y paleontológica del patrimonio cultural e histórico.

Los municipios afectados son Cucaita, Samacá, Sáchica, Ráquira, Simijaca, Maripí, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Pauna, San Miguel de Sema, Sutamarchán, Saboyá, Tinjacá, que abarcan un  espacio de 257 kilómetros, territorio objeto de este tipo de sísmica.

Este es el paso preliminar a la extracción de petróleo por el método conocido como fracking, que en concreto implica la utilización en forma masiva y desbordada del agua (recurso natural que necesita desde ahora ser protegido) que  una vez utilizada regresa con químicos que imposibilitan su reutilización en campos productivos y termina afectando el medio ambiente y el ecosistema en general por la expansión del recurso contaminado.

“Hicimos una audiencia pública en Chiquinquirá solicitando que se suspendiera el contrato, situación que Fonade no ha respondido. Si bien es cierto los trabajos están parados aún está abierta la posibilidad, por lo que estamos recurriendo a este instrumento jurídico para defender nuestro territorio”, indicó el mandatario boyacense.

En el cuerpo de la demanda se reitera que la explotación de hidrocarburos no convencionales está prohibida en algunos estados y ciudades de los Estados Unidos, en territorios de Canadá, en Francia, Bulgaria, Reino Unido, República Surafricana, República Checa, Irlanda del Norte, Austria, República de Irlanda, entre otros.

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