Luego de que la exalcaldesa y el alcalde electo fueran capturados por presunta corrupción, el gobernador decidió nombrar a Alexander Martínez como alcalde encargado.

El nuevo Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, en una de sus primeras decisiones como primer mandatario de los opitas, designó a Alexander Martínez Ballesteros, como alcalde Encargado del municipio de El Agrado, luego del escándalo de corrupción electoral en el que se vio involucrada la exalcaldesa Waldina Losada, el alcalde electo de la población Carlos Alberto Murcia y la concejala Bertilda Ramírez, a quienes un juez de la ciudad de Neiva les dictó medida de aseguramiento intramural mientras se adelantan las investigaciones. 

Ante ese ‘revolcón’ político que destapó finalizando el año 2019, la comunidad de ese municipio del Huila decidió salir a las calles a exigirle a las autoridades que les brindara garantías para que el mandatario que nombraran a cargo de la Administración Municipal fuera del mismo partido político de Carlos Murcia, alcalde electo.

Así lo indicó Andrés Fierro, líder municipal, quien aseguró que de acuerdo con la Ley 136, se debía designar un alcalde encargado que

El alcalde encargado, quien fungía como asesor de despacho, empezó desde el día viernes los trámites para la labor que le fue asignada.  Ante la Oficina de Talento Humano de El Agrado deberá tomar posesión a más tardar el martes de la semana que viene.

Entre tanto, la situación de los implicados en las investigaciones parece no tener reversa, pues las autoridades acusan a la exalcaldesa, al alcalde electo y a la concejal, de haber cometido delitos en lo que se conoce como ‘trasteo de votos’, que consiste en inscribir cédulas de personas que se encuentran inhabilitadas para votar en lugares diferentes a su residencias.

Otro de los delitos que se les imputó fue el de corrupción al sufragante, más conocido como compra de votos  da pena de cárcel de 4 a 8 años (similar a la de los otros fraudes) impone severa multa que va de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el de concierto para delinquir  que castiga a las personas con penas de cárcel entre los tres y seis años.